Durante años, Europa ha mirado el mercado de las baterías con una sensación incómoda: Asia fabrica más, más barato y a mayor escala. Competir ahí, de tú a tú, no es sencillo. Por eso empiezan a ganar peso proyectos que juegan otra partida. No solo la de almacenar energía, sino la de controlarla mejor, protegerla frente a ciberataques y adaptarla a un marco regulatorio cada vez más exigente. Y ahí es donde entra la iniciativa que desarrollan Cegasa Energía e Ikerlan desde el País Vasco.
La propuesta parte de la idea de que una batería industrial ya no compite solo por química o precio, también por su electrónica, su conectividad y su capacidad para seguir siendo útil cuando cambian las reglas del juego. Según ha explicado Cegasa, el objetivo es desarrollar y controlar el “know how” propio del sistema de baterías de todo su porfolio, reduciendo dependencias tecnológicas externas y ganando margen para decidir cómo evoluciona el producto en el futuro.
En la práctica, eso significa baterías conectadas a la nube, actualizables en remoto y preparadas para registrar su comportamiento durante toda la vida útil. No es un detalle menor. La Cyber Resilience Act ya está en vigor en la Unión Europea desde el 10 de diciembre de 2024, y sus obligaciones principales se aplicarán desde el 11 de diciembre de 2027, mientras que las obligaciones de notificación de vulnerabilidades y de incidentes graves arrancarán el 11 de septiembre de 2026. Es decir, el reloj ya está corriendo.
Por otro lado, el Reglamento europeo de baterías entró en vigor el 17 de agosto de 2023 y ha abierto una nueva etapa para el sector, con exigencias de sostenibilidad, trazabilidad e información digital. Entre ellas aparece el llamado pasaporte de batería, previsto para determinadas categorías como baterías industriales, de medios de transporte ligeros y de vehículo eléctrico, junto con requisitos de etiquetado y sistemas de información mediante QR. Dicho de otro modo: ya no basta con fabricar una batería que funcione; hay que demostrar cómo está hecha, cómo se usa y cómo podrá gestionarse al final de su vida útil.
Ahí es donde el proyecto vasco intenta colocarse un paso por delante. Ikerlan sostiene que el desafío no está solo en añadir ciberseguridad e inteligencia artificial, sino en hacerlo sin destruir la competitividad en costes y prestaciones. Y esto importa mucho. Porque añadir funciones a posteriori suele salir caro, complica certificaciones y, en sectores industriales, puede convertirse en un parche. Diseñarlo desde el inicio cambia el enfoque. También la credibilidad.
El punto más ambicioso es la IA aplicada a la gestión energética. Según Ikerlan, no existe hoy un producto comercial que integre modelos de inteligencia artificial para la gestión de baterías con ese nivel de profundidad. La promesa es conocida, pero no por ello menor: anticipar fallos, ajustar parámetros, mejorar el rendimiento y alargar la vida útil de cada unidad. Sobre el papel suena bien. El problema, como suele ocurrir en industria, llega al bajar al terreno real: reproducir todos los escenarios posibles, validar el sistema y escalarlo sin disparar tiempos ni costes.
Al final del día, lo que se está jugando Europa aquí no es solo una cuota de mercado. Es capacidad de decisión industrial. Poder decir que una batería es “made in Europe” empieza a significar algo más que el lugar donde se ensambla. Significa controlar el software, la actualización, la seguridad y la trazabilidad. Y en un mercado donde el hardware se parece cada vez más, eso puede acabar valiendo tanto como los kilovatios hora.
