La junta que gobierna Mali ha activado una nueva fase de su estrategia sobre el oro con la creación de la Brigada Especial de Minas, una unidad con capacidad judicial para perseguir la minería ilegal y reforzar la vigilancia sobre canteras y explotaciones artesanales. La decisión fue anunciada tras el Consejo de Ministros del 12 de marzo de 2026, en un momento en que Bamako trata de elevar el control estatal sobre su principal sector exportador y contener prácticas que erosionan ingresos públicos y agravan los daños ambientales, según recoge el medio Business Insider.
La nueva estructura no surge en el vacío. El Ministerio de Minas ya venía avanzando desde 2024 la puesta en marcha de una “brigada especial” coordinada con las autoridades ambientales para combatir la explotación fraudulenta y la degradación del entorno, una línea que después quedó vinculada al nuevo código minero aprobado en 2023 y a sus decretos de aplicación de 2024. De este modo, la medida anunciada ahora busca aumentar la presencia del Estado en toda la cadena extractiva, desde la concesión hasta la fiscalización sobre el terreno.
Mali figura de forma estable entre los mayores productores de oro de África y el metal precioso sigue siendo el eje de su balanza comercial. El World Gold Council sitúa al país entre los actores relevantes de la producción mundial, mientras que el propio Gobierno maliense presenta al sector como una fuente central de ingresos fiscales y de desarrollo.
Accidentes, químicos prohibidos y pérdida de ingresos
La presión política aumentó después de varios siniestros en explotaciones artesanales. En marzo de 2025, el Gobierno suspendió los permisos de minería artesanal concedidos a extranjeros tras una cadena de accidentes mortales en las regiones de Koulikoro y Kayes. Aquella decisión ya apuntaba a un cambio de tono: la minería informal dejó de tratarse solo como un problema de seguridad laboral para convertirse también en un asunto de soberanía económica.
Las autoridades malienses sostienen además que la extracción irregular alimenta el tráfico de minerales, facilita el uso de sustancias peligrosas y contamina suelos agrícolas y fuentes de agua. El artículo de Business Insider Africa añade que la nueva brigada podrá inspeccionar explotaciones, hacer cumplir la normativa e iniciar acciones contra operadores clandestinos, mientras que AP recogió el endurecimiento previo con una fórmula explícita del ministro de Seguridad, Daoud Ali Mohammedine: “Estas medidas nos dan el poder de incautar materiales”, que pasarán al patrimonio nacional.
Un giro regulatorio con efectos sobre toda la industria
La creación de esta brigada también se inscribe en un clima más tenso con las grandes compañías extranjeras. En los últimos dos años, Bamako ha presionado para que los operadores acepten el nuevo marco minero, más exigente en participación estatal, fiscalidad y contenido local. Esa disputa llegó a afectar a grupos como Barrick y coincidió con una caída de la producción industrial en 2025, lo que sugiere que el Estado quiere recuperar control sin comprometer la estabilidad de un negocio decisivo para sus exportaciones.
Mali depende del oro para sostener una parte esencial de su economía, pero también necesita demostrar que puede convertir esa riqueza en ingresos públicos, seguridad jurídica y menor deterioro ambiental. La eficacia real de la Brigada Especial de Minas se medirá menos por su creación formal que por su capacidad para ordenar un sector donde conviven intereses locales, redes transfronterizas y una demanda global de oro que sigue en máximos históricos.
