OpenAI ha elevado un nuevo peldaño en su enfrentamiento con Elon Musk al pedir formalmente a los fiscales generales de California y Delaware que investiguen una supuesta “conducta impropia y anticompetitiva” del empresario en su intento de bloquear la transformación corporativa de la firma. La ofensiva, desvelada por el Los Angeles Times, llega cuando ambas partes ya se preparan para un juicio de alto voltaje sobre el control, la misión fundacional y el futuro económico del laboratorio que creó ChatGPT.
La petición fue firmada por Jason Kwon, director de estrategia de OpenAI, quien sostiene que Musk “ha intentado repetidamente y ha fracasado en arrebatar el control de la organización sin ánimo de lucro para su beneficio personal”. Según ese escrito, la demanda del magnate no solo busca frenar a OpenAI, sino poner en cuestión el modelo pactado con los reguladores estatales para permitir que la empresa siga operando como una estructura mixta, con el brazo no lucrativo conservando poder sobre la entidad mercantil.
El choque tiene una dimensión financiera colosal. Musk reclama hasta 134.000 millones de dólares en daños en su pleito contra OpenAI y Microsoft, a las que acusa de haber traicionado la misión original de desarrollar inteligencia artificial en beneficio de la humanidad. OpenAI, por su parte, presenta la demanda como un intento de un competidor directo de frenar su avance y condicionar la arquitectura de gobernanza que quedó sellada tras la recapitalización de octubre de 2025.
El pacto que cambió la estructura de OpenAI
El núcleo del conflicto está en la reestructuración cerrada el pasado octubre. Microsoft confirmó entonces que pasaba a poseer una participación valorada en unos 135.000 millones de dólares, equivalente aproximadamente al 27% de OpenAI Group PBC, la nueva sociedad de beneficio público nacida tras la recapitalización. Aun así, el diseño final preservó un papel central para la fundación matriz, que mantuvo derechos especiales sobre la misión, la seguridad y los cambios de control.
El memorando suscrito con la fiscalía de California establece, entre otras condiciones, que la entidad no lucrativa conserva la aprobación previa por escrito sobre decisiones clave de la PBC, incluidos cambios de misión, modificaciones relevantes de gobierno corporativo o una eventual venta de control. El documento también refuerza el peso del comité de seguridad, que puede incluso exigir la paralización del lanzamiento de modelos si aprecia riesgos suficientes.
Un juicio sobre dinero, poder y dirección estratégica
Ese marco regulatorio es precisamente el que OpenAI sostiene ahora que Musk intenta dinamitar. La empresa recuerda que los fiscales generales de California y Delaware revisaron la operación y finalmente decidieron no oponerse después de obtener compromisos específicos sobre gobernanza, seguridad y tutela de los activos caritativos. En este contexto, la nueva carta pretende situar el litigio no solo como una pelea entre antiguos socios, sino como un pulso sobre si una empresa sometida a controles públicos puede competir en el corazón de la carrera de la IA.
Musk cofundó OpenAI en 2015 junto a Sam Altman y otros impulsores del proyecto, pero abandonó el consejo en 2018. Desde entonces, la relación entre ambos se ha deteriorado hasta convertirse en una de las rivalidades más intensas de Silicon Valley. Hoy, con xAI ya consolidada como competidora, la disputa ya no gira solo en torno al pasado de OpenAI, sino a quién podrá influir en la siguiente gran infraestructura de la inteligencia artificial.
